La violencia en la pareja ha sido un fenómeno histórico lamentable, debido a sus alcances sociales e impacto que generan en las personas, en muchas incluso la muerte por parte de su agresor, desde ahí que la última dos décadas en Chile se ha venido internalizando el concepto de “femicidio” muy distinto al concepto de “Homicidio”, pues se entiende al primero que solo se vive por el hecho de ser mujer y amparado en un sistema social que así lo permite, recibiendo este grupo violencia psicológica, física, económica y sexual, frente a un estado silenciosos. De alguna manera cómplice de un agresor masculino entrenado socialmente para ejercer poder y dominio sobre una víctima femenina.
Los estudios se han concentrado en parejas heterosexuales, sin ahondar mucho en las manifestaciones de violencia que se pueden observar en agresoras femeninas a víctimas masculinas o entre parejas homosexuales, LGTBI y las consecuencias y daños que ésta pueda causar en ambos miembros. A pesar que los estudios reconocen la existencia de violencia al interior de las parejas; según la investigación realizada por MUMS, UCN y CLAM un 7% de la población LGTBI refiere haber recibido violencia por parte de su pareja, cabe destacar un dato importante a problematizar, es el nivel de violencia social que vive la población LGTBI de forma sistemática y amparada por los dispositivos del estado y religiosos modificando su umbral de violencia, viendo la agresión como un hecho que “simplemente hay que vivirlo”
Los organismos de apoyo a las víctimas de violencia intrafamiliar se han especializado en otorgar soporte a las mujeres que han sido subyugadas al ejercicio de la violencia ejercida por un hombre, y algunos proyectos pilotos dirigidos a hombres agresores, (ahí ya una mala intervención, pues se sigue manteniendo la violencia como una “enfermedad” individual y no social).
Pero existe otro factor que aún no es visibilizado, ni problematizado es la presencia de violencia ya no en parejas heterosexuales, sino más bien en parejas donde sus miembros son del mismo sexo o agudizándose en pareja donde unos de sus integrantes es transexual. El estado al no permitir la validación de estas uniones sea cual sea el dispositivos, matrimonio o unión civil, niega esta relación por lo tanto niega la existencia de esta realidad en su interior, haciendo testigos a las organizaciones de la diversidad sexual del mal trato en todas sus esferas, el abandono económico y el abuso sexual que vivencias día a día, los datos demuestran que en Chile sobre el 60% de las mujeres vive violencia, pero no se habla de la orientación sexual de esas mujeres, y tampoco se reconocen en esas encuestas a las mujeres transexuales.
La violencia es un problema social, mientras no lo entendamos así, cualquier dispositivo que se genere no tendrá resultados adecuados, ya hemos sido testigo de dos instrumentos que han fracasado, la ley 20.066 y la ley antidiscriminación, la primera no ha bajado la taza de mujeres víctima de sus agresores y la segunda no ha detenido la violencia a la población LGTBI.
En base a lo anterior, se cree que el maltrato físico es el maltrato más evidente debido a que sus consecuencias quedan expuestas, por esto la mayoría del tiempo se le da más importancia tanto en el ámbito personal como social.
Finalmente, debido al daño y el impacto emocional que produce la violencia en las personas víctimas de ésta, se instala el miedo y la vergüenza de manifestar la situación, dificultando su reconocimiento y sanción, en gran medida ocultado por la orientación sexual de la víctima y su agresor o agresora y los prejuicios de la sociedad, imposibilitando así la denuncia, debido a la falta de herramientas legales, falta de profesionales con experiencia en el ámbito y peor aún, por un estado que a través de la negativa del derecho y reconocimiento de las pareja LGTBI, actúa como cómplice de esta cifra negra, pero bien conocida en la población LGTBI.
Para MUMS, su equipo de psicólogos y activistas es fundamental seguir investigando el tema e invitar a la población al debate y discusión. Mientras no tengamos un estado que adopte políticas concretas para evitar la situación. Pues las medidas de los gobierno de turno no han sido las más adecuadas.
José Luis Díaz
Psicólogo MUMS